José Grasso Vecchio, presidente de esta institución, señaló a Reporte ASG que van a generar alianzas con organismos internacionales para canalizar recursos financieros y capacitación técnica sobre este tema en Venezuela.

Este organismo, creado por el Ministerio de Hacienda, promueve la sostenibilidad en el sistema financiero chileno. Entre sus desafíos se encuentra la implementación de la Taxonomía en Instituciones Financieras de este país.

Desde 2016, las colocaciones de instrumentos sostenibles en la BMV se distribuyen en 49 bonos sustentables, 35 bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad, 24 bonos verdes, 13 bonos sociales, y un bono azul.

Esta operación, por 90.000 millones de guaraníes, fortalece rol estratégico de la AFD como actor clave en la transformación económica y social del Paraguay y como institución alineada con la agenda global de la ONU.

Según datos de S&P Global Ratings, revelados a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, en esta nación se realizaron emisiones de bonos sostenibles por US$780 millones en 2024.

Esta nueva operación del banco de desarrollo, que fue adjudicada a inversores del Reino Unido, consistió en la emisión de dos bonos sostenibles en formato de colocación privada, por un monto total de US$80 millones.

Este financiamiento se trata del primer préstamo verde de IFC en Chile dedicado exclusivamente a edificaciones ecológicas. También es el primer préstamo de este tipo que realiza el Grupo Santander a nivel mundial.

Este financiamiento ayudará a Banesco a abordar la necesidad de financiamiento a largo plazo, promover el crecimiento económico sostenible y ampliar el acceso al capital para las mujeres empresarias en este país.

El programa Crece Emprendedor alcanza ya siete ediciones con más de 350 beneficiados desde 2024, con lo que este banco reafirma su compromiso con la formación y el desarrollo económico y social de Venezuela.

Esta línea de crédito, por un monto de US$150 millones, busca financiar micro, pequeñas y medianas empresas, proyectos de eficiencia energética, negocios verdes y viviendas sociales o sustentables en Chile.

Este financiamiento de IFC contempla una inversión de US$80 millones y una línea de comercio exterior de US$40 millones, lo que le permite a BAC seguir impulsando el desarrollo económico sostenible de El Salvador.

Esta tarjeta ha sido diseñada especialmente para que las personas con discapacidad visual utilicen sus medios de pago de forma independiente, sencilla, sostenible y accesible, contribuyendo así con la inclusión.

Este nuevo acuerdo refuerza la alianza estratégica entre ambas instituciones y busca facilitar el trabajo conjunto para proyectos clave enfocados en pobreza, cambio climático y gobernanza en la región centroamericana.

A través de este acuerdo, ambas instituciones buscan fortalecer los mercados de capitales de la región, mejorar el acceso al financiamiento para las empresas, especialmente las pymes, e impulsar la educación financiera.

Este acuerdo facilitará el proceso de acreditación ante el Fondo Verde para el clima en materia de financiamiento climático, fortalecimiento institucional y desarrollo de proyectos sostenibles que beneficien a las comunidades.

De acuerdo con este artículo de opinión, estos mercados han ganado relevancia en la región en los últimos años, por compromisos y regulaciones que buscan fomentar la transición hacia una economía baja en carbono.

Según este artículo de opinión, el auge del mercado de productos financieros sostenibles representa una oportunidad para que los bancos financien proyectos que combinen retorno económico con beneficios sociales y ambientales.

Las finanzas sostenibles, como señala este artículo de opinión, ofrecen un marco para que las Pymes crezcan de manera responsable y estratégica en la región, minimizando su impacto ambiental y optimizando sus costos.

El estudio indica que la Taxonomía Sostenible de México (TSM) y la Taxonomía Verde de la Unión Europea comparten principios y elementos sobre objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.

El informe de la cartera de Hacienda concluyó que el costo de inversión en esta estrategia es de US$62.259 millones para el período 2022-2050, lo que equivale a una inversión anual promedio de US$2.147 millones.

La cuarta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF) analiza la relación de los ciudadanos con el sistema financiero en ocho países, a partir de tres dimensiones de medición: acceso, uso y calidad percibida.