La economía azul sostenible comienza a consolidarse como una de las apuestas estratégicas más relevantes para el futuro de América Latina y el Caribe. En una región donde millones de personas dependen directa o indirectamente de los océanos para su sustento, los recursos marinos y costeros aparecen cada vez más como una plataforma para impulsar crecimiento económico, generar empleo, fortalecer la resiliencia climática y proteger la biodiversidad.
Esa es una de las principales conclusiones del informe “Economía Azul Sostenible en América Latina y el Caribe”, presentado recientemente por CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Foro Económico Mundial (WEF) y el World Resources Institute (WRI). El documento ofrece una radiografía regional sobre el estado actual de la economía azul y plantea una hoja de ruta para acelerar su desarrollo en los próximos años.
El estudio sostiene que la región atraviesa un proceso de consolidación de la economía azul, caracterizado por avances importantes, aunque todavía fragmentados, en áreas como planificación oceánica, financiamiento sostenible, conservación marina, innovación tecnológica y gobernanza de los ecosistemas costeros.
Uno de los principales hallazgos del informe es la magnitud del capital natural marino que posee América Latina y el Caribe. Al respecto, la región alberga 47 de las 258 ecorregiones marinas identificadas a nivel mundial, equivalentes a cerca del 18% del total global.
Además, 23 países latinoamericanos y caribeños cuentan con más territorio marino que terrestre. En promedio, el océano representa el 50% del territorio regional, una proporción que alcanza el 91% en los Estados insulares del Caribe y llega incluso a 99% en países como Barbados y Antigua y Barbuda.
Según CAF, estos activos naturales convierten a la región en uno de los espacios geográficos con mayor potencial para desarrollar actividades económicas vinculadas a la pesca sostenible, el turismo costero, la acuicultura, la biotecnología marina, las energías renovables oceánicas y las soluciones basadas en la naturaleza.
El informe destaca además que América Latina y el Caribe han logrado avances importantes en materia de conservación marina. Actualmente, la cobertura de áreas marinas y costeras protegidas alcanza 27,41%, acercándose al objetivo global de proteger el 30% de los océanos para 2030.
Más allá de la protección ambiental, el estudio enfatiza que la economía azul sostenible debe entenderse como una estrategia integral de desarrollo. Sobre este punto, CAF adopta una definición que combina prosperidad económica, equidad social y resiliencia ambiental.
Bajo este enfoque, la economía azul sostenible busca generar beneficios para las generaciones actuales y futuras mediante el uso responsable de los recursos marino-costeros, apoyándose en tecnologías limpias, energías renovables y modelos de economía circular.
El informe subraya que sectores vinculados a la economía azul ya tienen un peso significativo en varias economías regionales. En Chile, por ejemplo, las exportaciones pesqueras y acuícolas superan los 7.000 millones de dólares anuales. En Argentina, la pesca marina aporta más de 2.000 millones de dólares, mientras que en Brasil las actividades relacionadas con la economía azul representan cerca del 19% del PIB de las zonas costeras.
En el Caribe, donde el turismo constituye uno de los principales motores económicos, la actividad turística vinculada a las costas y al mar generó de forma directa 928.000 empleos en 2022 y podría alcanzar 1,19 millones de puestos de trabajo para 2033.
A pesar de estas oportunidades, el informe advierte que la región enfrenta importantes obstáculos estructurales. Uno de los principales problemas identificados es la debilidad de los sistemas de gobernanza marina.
En este tema, CAF señala que muchos países todavía presentan fragmentación institucional, superposición de competencias entre organismos públicos y limitadas capacidades técnicas para planificar y gestionar de forma integrada los territorios marino-costeros.
El estudio también alerta sobre la falta de armonización normativa a escala regional. Aunque numerosos países han avanzado en legislación relacionada con pesca, biodiversidad, cambio climático y áreas protegidas, aún no existe un marco regional común que facilite la coordinación, la inversión y el desarrollo de mercados vinculados a la economía azul.
A esto se suma la ausencia de regulaciones específicas para sectores emergentes como el carbono azul, la energía eólica marina y la bioprospección oceánica, áreas consideradas fundamentales para la nueva economía oceánica global.
El informe identifica además brechas importantes en materia de información y datos sectoriales. La falta de sistemas robustos de monitoreo dificulta la toma de decisiones basada en evidencia y limita la capacidad de atraer inversiones sostenibles de largo plazo.
Uno de los aspectos más destacados del informe es el crecimiento de los mecanismos de financiamiento azul en la región. En este sentido, CAF considera que América Latina y el Caribe cuentan con una oportunidad única para desarrollar mercados de capital azul capaces de movilizar recursos hacia proyectos relacionados con restauración de manglares, infraestructura resiliente, turismo sostenible, energías renovables offshore y conservación marina.
La institución destaca que ya logró movilizar anticipadamente 1.250 millones de dólares en financiamiento azul antes de 2026 y anunció el objetivo de canalizar otros 2.500 millones de dólares hacia 2030. Entre las herramientas empleadas figura la emisión de un Bono Azul por 100 millones de euros destinado a financiar proyectos con beneficios ambientales medibles en ecosistemas marinos y costeros.
El informe también resalta experiencias innovadoras de financiamiento colaborativo, como el mecanismo Project Finance for Permanence (PFP) del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que combina recursos públicos, privados y filantrópicos para garantizar financiamiento de largo plazo para la conservación marina.
Dentro de las oportunidades emergentes, el informe dedica especial atención al llamado carbono azul. Esto se debe a que los ecosistemas marinos como manglares, pastos marinos y humedales costeros almacenan enormes cantidades de carbono y desempeñan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático.
Según CAF, América Latina y el Caribe poseen aproximadamente 1,6 millones de hectáreas de manglares y pastos marinos capaces de almacenar hasta 1.000 millones de toneladas de carbono azul. Estos ecosistemas sostienen además los medios de vida de más de tres millones de personas en la región.
El estudio señala que detener la degradación de estos ecosistemas permitiría evitar hasta 650 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, una cifra equivalente a las emisiones anuales de toda la industria naviera mundial.
La principal conclusión del informe es que América Latina y el Caribe poseen condiciones excepcionales para convertirse en un referente mundial de sostenibilidad oceánica. Al respecto, la biodiversidad marina, el capital natural disponible, el potencial para desarrollar energías renovables, la innovación científica y las nuevas fuentes de financiamiento pueden crear una oportunidad difícil de encontrar en otras regiones del planeta.
Sin embargo, CAF advierte que aprovechar plenamente ese potencial requerirá fortalecer la cooperación regional, modernizar los marcos regulatorios, generar información confiable y consolidar mecanismos de gobernanza capaces de coordinar a gobiernos, empresas, comunidades costeras y organismos multilaterales.
Para el organismo, el desafío ya no consiste únicamente en proteger los océanos, sino en demostrar que es posible construir una economía azul capaz de generar prosperidad, inclusión social y resiliencia climática a partir del uso sostenible de los recursos marinos. Esa será, según el informe, una de las grandes oportunidades de desarrollo para América Latina y el Caribe durante las próximas décadas.
Este estudio de CAF destaca avances en gobernanza marina, financiamiento azul y conservación, pero advierte que persisten brechas regulatorias, institucionales y de información que limitan el aprovechamiento pleno de los recursos marino-costeros de la región.
