La inversión social y ambiental empresarial en Colombia mueve recursos significativos, pero el reto ya no parece estar únicamente en cuánto destinan las compañías, sino en cómo, dónde y con quién lo hacen y, sobre todo, qué resultados consiguen.
Esa es una de las principales lecturas que deja la edición 2026 del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), elaborado por Arteaga Latam. En 2025, las 1.000 empresas más grandes del país registraron una inversión estimada de $8,6 billones de pesos en el ámbito social y $10 billones en el ambiental, aunque la evolución de ambos componentes muestra comportamientos diferentes.
El estudio también permite dimensionar el peso económico de las empresas participantes: sus ventas anuales equivalen al 36% del PIB de Colombia y generan más de 8 millones de empleos directos. En esta edición participaron 318 compañías, pertenecientes a 15 sectores económicos, cuyos datos fueron recopilados entre el 3 de febrero y el 25 de junio de 2026 para evaluar el desempeño correspondiente al año anterior.
Más que establecer una clasificación reputacional, el IISAE busca entender cómo las empresas generan valor en los territorios mediante sus inversiones para el desarrollo. Para ello, el índice plantea cinco preguntas centrales: cómo y dónde invierten, con quién lo hacen, qué tan alineadas están esas inversiones con su estrategia y qué oportunidades existen para aumentar su impacto.
El IISAE cumple una década como herramienta de análisis y se diferencia de los índices ASG tradicionales porque no pretende auditar el cumplimiento legal ni premiar la reputación corporativa. Su foco está en la inversión social y ambiental empresarial entendida como el conjunto de recursos, acciones y compromisos que las compañías destinan para generar valor social y ambiental en los lugares donde operan.
La investigación fue realizada de manera independiente por Arteaga Latam. Para la edición 2026 se invitó a las 1.000 empresas con mayores ventas en Colombia y se obtuvo información de 318.
El diligenciamiento estuvo a cargo de líderes de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de las compañías, con verificación del equipo de Sociométrica de Arteaga Latam. Los resultados individuales son reservados y las cifras agregadas se presentan de forma anonimizada.
Uno de los principales hallazgos es la amplitud geográfica de la inversión social. Según el IISAE, esta llegó en 2025 al 98% de los municipios de Colombia. Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico fueron los territorios donde se reportó presencia de un mayor número de empresas mediante este tipo de inversión.
Del total de la inversión social empresarial, 81% correspondió a inversión voluntaria y 19% a inversión obligatoria. Entre los principales ámbitos de destinación aparecen el desarrollo socioeconómico, la educación e investigación y el desarrollo rural, entre otros.
Sin embargo, el panorama cambia cuando se observa la inversión ambiental. El estudio identifica como una de sus primeras lecciones que la cobertura de la inversión social es amplia, mientras que la ambiental continúa siendo más limitada. Además, advierte que la inversión ambiental —en su mayoría obligatoria— está desplazando a la social, lo que plantea el desafío de encontrar mecanismos para maximizar también su retorno social.
Un caso particular son los municipios PDET. En 2025, las empresas participantes reportaron $482.000 millones de inversión social en estos territorios: $360.000 millones de carácter voluntario y $122.000 millones obligatorio. El 15% de las compañías participantes destinó inversión para el desarrollo a municipios PDET.
El impacto empresarial no se limita a los programas de inversión. El IISAE llama la atención sobre el papel que pueden desempeñar las cadenas de suministro. Las empresas participantes cuentan con más de un millón de proveedores y durante 2025 el 84% de sus compras correspondió a proveedores nacionales.
No obstante, todavía existe espacio para profundizar las prácticas de proveeduría responsable. El estudio registra evaluaciones ambientales y sociales de nuevos proveedores, iniciativas para mejorar su competitividad, transferencia de conocimiento y mecanismos de compras inclusivas, pero también concluye que las cadenas de suministro mantienen un importante potencial de “impacto extendido”.
Una de las señales más claras del estudio está en la diferencia entre contar indicadores y demostrar impacto. Aunque aumentó el uso de indicadores clave de desempeño y de evaluaciones de resultados, las evaluaciones de impacto todavía no son una práctica generalizada.
Para 2025, el 68% de las empresas reportó realizar este tipo de evaluaciones, mientras que la medición del retorno social de la inversión (SROI) alcanzó apenas 16%.
El estudio también pone la lupa sobre la diversidad y la inclusión. El 82% de las empresas cuenta con una política de diversidad orientada a promoverla y prevenir conductas discriminatorias. Sin embargo, solo 65% de esas compañías ha implementado un proceso para socializarla y apenas 41% dispone de un sistema o instrumento para evaluar su implementación.
En materia de género, las mujeres están contempladas por el 87% de las políticas de diversidad de las empresas que cuentan con ellas. Pero el IISAE plantea una advertencia más amplia: las políticas de diversidad e inclusión necesitan traducirse en efectos reales y sostenidos en el tiempo.
Otra tendencia que destaca el IISAE 2026 es el retroceso en las alianzas. En 2025, el porcentaje de empresas que desarrollaron iniciativas de inversión social y ambiental junto con otros privados cayó a 57%, después de alcanzar 54% en 2024; las alianzas con el sector público descendieron de 40% a 28%, mientras que las realizadas con comunidades bajaron de 63% a 39%.
El estudio concluye que es necesario recuperar precisamente esas alianzas con el sector público y las comunidades, al tiempo que plantea otros desafíos: llevar mayor inversión ambiental a la Amazonía y otros ecosistemas de alto valor, aprovechar el potencial de las cadenas de suministro y fortalecer la evaluación de impacto.
El IISAE 2026 deja así una fotografía con avances importantes, pero también con señales de alerta. Las empresas colombianas tienen capacidad financiera, alcance territorial y estructuras cada vez más desarrolladas para invertir en asuntos sociales y ambientales. El siguiente paso consiste en lograr que esos recursos estén mejor alineados con las necesidades de los territorios, se articulen con otros actores y, sobre todo, puedan demostrar resultados.
La principal conclusión del estudio puede resumirse en una idea: invertir más no necesariamente significa generar mayor impacto. Para que la inversión social y ambiental empresarial contribuya efectivamente al desarrollo de Colombia, será necesario fortalecer la calidad de las decisiones, la medición de resultados y las alianzas que permiten multiplicar lo que cada empresa puede hacer por separado.
