Este acuerdo, que incluye actores del sector financiero, el Gobierno, los reguladores y supervisores del sector, plantea principios sobre la gestión de los riesgos y oportunidades asociadas al cambio climático.
Este plan, que se ejecutará entre los años 2024 y 2026, prevé una inversión de más de tres millones de euros en cuatro áreas específicas: movilidad sostenible, finanzas verdes, recursos hídricos y gestión del sargazo.
El Reporte de Economía y Desarrollo de CAF resalta como la adaptación al cambio climático debe ser una prioridad para este país, debido al aumento de eventos extremos y deterioro de ecosistemas como los arrecifes de coral.
Según el estudio Insuring Disaster 2024, la mayoría de las grandes aseguradoras del mundo suscriben e invierten en proyectos que aumentan el calentamiento global, dañan el medio ambiente y no protegen los DDHH.
Este organismo aprobó un préstamo de políticas de desarrollo (PPD) sobre Resiliencia Climática y Crecimiento Verde por US$350 millones para respaldar la descarbonización y las energías limpias en Panamá.
Con el apoyo del MINAE y EUROCLIMA, el programa financiará cinco proyectos enfocados en protección del recurso hídrico, adaptación de ecosistemas y restauración de corales marinos en Costa Rica.
Ambos bancos exploraron nuevas oportunidades de cofinanciamiento y evaluaron cooperación relacionada con la resiliencia al cambio climático, ciudades sostenibles y erradicación de la pobreza.
PNUMA presentó un informe en la COP28 en el que refiere que este monto supone una cantidad 30 veces superior a la que se gasta anualmente en soluciones verdes y representa 7% del PIB mundial.
Este importante monto, anunciado en el marco de la COP28, triplica las inversiones de la institución en este ámbito en los últimos cinco años y se calcula en aportes de más de USD 2.000 millones al año hasta 2030.
Una investigación del BCRA se focalizará en el grupo de las entidades financieras más grandes de Argentina y abarcará a una muestra de poco más de 1.000 empresas que toman financiamiento en este sistema.
El gobierno uruguayo cree que estos incentivos pueden estimular a que más países apliquen políticas sustentables, que permitan lograr una integración de la reconversión verde como parte de sus estrategias de desarrollo.
La operación logró un récord de demanda y permitió además recomprar e intercambiar bonos próximos a su vencimiento. La participación de inversionistas extranjeros alcanzó un 40% del total adjudicado.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.