Este documento sirve como marco para la construcción de una taxonomía o clasificación estándar, ampliamente validada, para identificar actividades medioambientalmente sostenibles y fomentar la inversión en ellas.
FINANZAS ASG 21/08/2023 Redacción Reporte ASG
Con el apoyo y asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Climate Bonds Initiative (CBI), el Ministerio de Hacienda de Chile presentó el documento "Construyendo un lenguaje común para la sostenibilidad: Estructura de la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles para Chile", en un evento que contó con la participación de más de 100 personas del mundo financiero, empresarial, de la sociedad, especialistas en sostenibilidad y diversas autoridades.
Este proyecto consolida el trabajo que viene realizando el Ministerio de Hacienda de Chile, desde el año 2021, con el fin de establecer un lenguaje común con un criterio estandarizado a nivel nacional, para que inversionistas, financistas y empresarios puedan identificar de forma objetiva y creíble las actividades económicas medioambientalmente sostenibles de este país.
Este documento, que además contó con la colaboración del Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones y el Ministerio del Medio Ambiente, se trabajó sobre la base de las mejores prácticas de la experiencia internacional en la materia. Se espera que en las etapas siguientes colaborarán el Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme-narbeit (GIZ).
Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en nota de prensa oficial que una taxonomía de estas características será un bien público, que viene a llenar un vacío, y responde a una demanda urgente del sector financiero, inversionistas y diversos actores económicos que ven en esta herramienta un pilar fundamental para su operación y decisiones estratégicas, incluyendo la gestión de riesgos.
“La taxonomía sostenible no determina una lista de actividades en las que se debe invertir de manera obligatoria ni un mecanismo de regulación per se. Una taxonomía es, por definición, un sistema de clasificación que no implica obligaciones vinculantes para las empresas. Algunas empresas incluso pueden adoptarla voluntariamente para guiar sus políticas y estrategias”, afirmó.
La propuesta formulada desde el Ministerio de Hacienda de Chile se basa en cinco elementos estructurales, para elaborar una taxonomía que vele por la interoperabilidad con las de otras jurisdicciones, sin descuidar su adecuación al contexto local.
La publicación de la estructura de la taxonomía es un primer hito, seguido de un trabajo que deberá involucrar a un amplio grupo de actores del sector privado, la academia, otras entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil, dentro de una gobernanza clara, con roles y responsabilidades bien definidos.
Consolidar esta gobernanza será un desafío en sí mismo. El Ministerio de Hacienda cumplirá con el rol directivo, asesorado por entidades y expertos nacionales e internacionales, incluyendo al sector privado.
Además, existirá un nivel coordinador y técnico. Este último será en encargado de proponer los criterios técnicos de selección, y por ende, los umbrales para determinar la contribución que una actividad económica realiza a uno o más objetivos de la taxonomía, como pueden ser los objetivos de mitigación y adaptación.
Chile ha sido uno de los líderes mundiales en la emisión de bonos soberanos ASG (Ambiental, Social, Gobernanza). Por eso entre los beneficios de contar con esta clasificación está la identificación de actividades que puedan asociarse a la emisión de bonos verdes, ampliando la actual base de proyectos elegibles.
En el caso de los bonos vinculados a sostenibilidad (SLB), se disminuirá el riesgo de gatillar un incremento en el costo financiero de estos instrumentos por incumplimiento de las metas asociadas. Esto debido a que la taxonomía local permitirá acelerar la transición hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos.
“Así como Chile reconoce desde hace décadas el valor de la responsabilidad fiscal, ahora corresponde conocer el valor de la responsabilidad con el medio ambiente. Desde Hacienda nos comprometimos a liderar el desarrollo de un sistema de clasificación que pueda guiar nuestra economía hacia un futuro más verde”, destacó Heidi Berner, subsecretaria del ministerio de Hacienda chileno.
Berner también enfatizó el compromiso de este organismo con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, en línea con el rol que le manda la Ley Marco de Cambio Climático.
"Hemos trabajado por casi dos años desde que la iniciativa de desarrollar una hoja de ruta para elaborar una taxonomía nacional surgió en la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes que lidera nuestra cartera. Desde el Ministerio de Hacienda nos comprometimos a liderar el desarrollo de un sistema de clasificación que pueda guiar nuestra economía hacia un futuro más verde", acotó.
Como indicó Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile, la taxonomía debe tener un carácter flexible, para así adaptarse con el tiempo a cambios tecnológicos, prioridades medioambientales, adopción de nuevos objetivos y actividades económicas, entre otros aspectos.
Por esta razón, se espera que el desarrollo de la taxonomía para Chile será un trabajo permanente, que requiera de la contribución de todas las partes.
La AFD canalizará un financiamiento del Banco Mundial por US$100, para así otorgar créditos destinados a proyectos del sector forestal que requieren de un mínimo de 7 a 10 años para desarrollarse plenamente.
Los recursos captados por esta emisión se destinarán en acciones que impulsen la sostenibilidad y contribuyan a la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo social.
Los recursos de esta operación, realizada en Suiza, financiarán parcialmente proyectos estratégicos de seguridad alimentaria, generación de empleo, infraestructura energética y saneamiento básico.
El Ministerio de Hacienda abrió este proceso que estará disponible hasta el 9 de julio y en el que se espera la participación ciudadana de personas de la academia, la sociedad civil y la comunidad empresarial.
A través de este acuerdo entre ambas instituciones, las empresarias de la región centroamericana podrán fortalecer sus capacidades en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia.
Los recursos obtenidos con esta exitosa operación serán utilizados para gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de este país, presentado recientemente.
Los ingresos de este bono se destinarán a proyectos alineados con los objetivos del programa Amazonía Siempre del Grupo BID que busca aumentar el financiamiento para el desarrollo sostenible de esta región.
De acuerdo con este marco, los proyectos financiables deberán estar alineados con los criterios establecidos en la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, que fue publicada el pasado mes de marzo.
Las tres organizaciones se unieron para impulsar el desarrollo continuo de taxonomías que cubran la reducción de emisiones, la resiliencia climática y otros objetivos ambientales en todo el planeta.