El Protocolo Social es un acuerdo voluntario y no vinculante que busca la convergencia de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y el sector financiero de Colombia, con el fin de promover la diversidad, equidad e inclusión en toda la cadena de valor de las entidades financieras que elijan adherirse voluntariamente, bajo la ley de libre competencia.
Esta iniciativa, promovida desde la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), reconoce que la diversidad, la inclusión y la equidad son estrategias importantes que fomentan un negocio bancario más rentable y sostenible en el territorio colombiano.
Este protocolo, que fue firmado recientemente por representantes de Asobancaria y del Ministerio de Hacienda en el marco de la 58ª Convención Bancaria, incluye cuatro líneas de acción: cultura interna con empleados y proveedores, educación e inclusión financiera, oferta de valor diferencial, y modelos alternativos de gestión de riesgos.
Es importante destacar que el documento para activar este proyecto fue firmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el superintendente financiero, César Ferrari; el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón; el presidente de BBVA Colombia y de la junta directiva de Asobancaria, Mario Pardo Bayona; y la presidenta de Bancamía, Viviana Araque.
El llamado Protocolo Social es un proyecto con el que se pretende integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y las mipymes para contribuir al crecimiento e inclusión financiera en este país.
La iniciativa del Protocolo Social estará liderada por Bancamía, y será un acuerdo “voluntario y no vinculante”, por lo que cada entidad participante definirá sus intervenciones y la temporalidad de estas.
El Protocolo señala que varios factores han incidido hasta ahora en la exclusión o limitación en el acceso de grupos vulnerables a la hora de diseñar y ofrecer servicios financieros por parte de la banca colombiana.
Entre estos factores se encuentra la falta de infraestructura, información y conectividad; las diferencias regionales en la calidad educativa; la educación financiera; la concentración de las oportunidades laborales para el desarrollo ocupacional y profesional en los centros urbanos; el desconocimiento o desinformación relacionada a productos financieros; la falta de garantías institucionales; la exclusión del sistema laboral, entre otros.
Este acuerdo prioriza nueve grupos poblaciones que han tenido un limitado acceso tanto a los productos y servicios financieros brindados por las entidades bancarias y financieras, como a sus estructuras organizacionales, desde la empleabilidad.
Los grupos poblacionales son los siguientes:
En el texto del Protocolo Social se señala que las estrategias y acciones sugeridas no son obligatorias para las entidades bancarias y financieras, el Estado y sus instituciones y que cada una identificará las intervenciones que considere pertinentes para su implementación, por lo que, el protocolo y las acciones propuestas son una guía, basada en una serie de recomendaciones para los grupos de interés involucrados.
Asimismo, indica que se tomará en cuenta estrategias poblacionales desarrolladas previo a la firma de este Protocolo, la focalización territorial de sus servicios, el segmento del mercado al que atienden, así como en la rentabilidad y sostenibilidad de los productos ofertados.
Para promover la Diversidad, Equidad e Inclusión de las poblaciones objeto del presente Protocolo, se podrán adelantar estrategias desde el gremio que fomenten cambios en la cultura interna de las entidades bancarias y financieras y en su oferta de valor.
Este protocolo se diseñó sobre cuatro estrategias:
Aunque en 2022 el 86% de las entidades bancarias y financieras asociadas a Asobancaria contaban con algún tipo de estrategia o área enfocada en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y un 32% medía la diversidad poblacional de su talento humano, solo un 39% manifestó contar con políticas y lineamientos para el desarrollo de productos con enfoque social.
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