Con el proyecto "Alineando los Flujos Financieros del Sector Financiero de Costa Rica con los Objetivos de Cambio Climático del Acuerdo de París", Costa Rica busca ser un país de emisiones cero para el año 2050.
FINANZAS ASG25/04/2023 Redacción Reporte ASG
La contribución de la inversión privada es crucial para lograr los objetivos de cambio climático en Costa Rica, que tiene como meta convertirse en un país de emisiones cero para el año 2050. Para alcanzar este objetivo, se presentó el proyecto "Alineando los Flujos Financieros del Sector Financiero Costarricense con los Objetivos de Cambio Climático del Acuerdo de París", el cual es financiado por el Fondo Verde del Clima y la Unión Europea a través del Programa EUROCLIMA.
Uno de los principales retos de esta iniciativa es desarrollar e implementar una taxonomía de finanzas sostenibles, que le permita al país clasificar las inversiones y actividades económicas que contribuyen al logro de sus objetivos de cambio climático.
Al respecto, se espera que la taxonomía de finanzas sostenibles reoriente los flujos financieros hacia las inversiones necesarias para lograr una economía nacional sostenible, resiliente e inclusiva en la nación centroamericana.
“La Oficina del PNUMA para América Latina y el Caribe, junto con UNEP FI, dentro del marco de esta iniciativa, apoyará a las autoridades nacionales y al sector financiero privado en un esfuerzo conjunto para reorientar los flujos financieros hacia una economía de bajas emisiones y resistente al clima alineada con el Acuerdo de París”, señaló Piedad Martin, directora regional adjunta del PNUMA para América Latina y el Caribe en nota de prensa publicada en la web del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Se espera que la taxonomía de finanzas sostenibles reoriente los flujos financieros hacia las inversiones necesarias para lograr una economía nacional sostenible, resiliente e inclusiva en la nación centroamericana.
El proyecto "Alineando los Flujos Financieros del Sector Financiero Costarricense con los Objetivos de Cambio Climático del Acuerdo de París" busca desarrollar una taxonomía nacional de finanzas sostenibles y apoyar su implementación en el sector financiero. Al mismo tiempo, tiene como meta desarrollar un marco para mapear, cuantificar y divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima.
Se espera que todas estas metodologías y herramientas también sean probadas en las carteras de entidades bancarias y aseguradoras para evaluar su exposición a estos riesgos y definir estrategias de mitigación.
De esta manera, se proporcionará al sector financiero costarricense con la estructura guía necesaria para movilizar el capital privado hacia una economía de bajas emisiones y resistente al clima, y para fortalecer su capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático.
Partiendo de la premisa de es necesario un componente importante de inversión privada para que Costa Rica logre cero emisiones netas en el año 2050, la taxonomía de finanzas sostenibles que se aplicará en este país buscará guiar la inversión privada hacia las actividades económicas necesarias para lograr este objetivo.
En tal sentido, las autoridades costarricenses van a desarrollar una taxonomía que proporcione criterios estandarizados, basados en la ciencia y armonizados internacionalmente, sobre los cuales se puedan considerar inversiones y actividades económicas que sean ambientalmente sostenibles para el país.
La taxonomía de finanzas sostenibles que se aplicará en este país buscará guiar la inversión privada hacia las actividades económicas necesarias para lograr este objetivo
La taxonomía de finanzas sostenibles que se aplicará en Costa Rica busca proporcionar certeza a los inversionistas, prevenir el greenwashing, apoyar el crecimiento de los mercados financieros verdes nacionales y aumentar el atractivo del país para los inversores internacionales.
“La taxonomía favorecerá la transparencia y creará un ambiente propicio para las inversiones en finanzas sostenibles. Esto ayudará a cuantificar y reducir la brecha financiera para alcanzar los objetivos para enfrentar el cambio climático a través de la definición de estrategias de financiamiento climático público-privado", comentó Enid Chaverri, directora de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Por su parte, Rocío Aguilar, superintendente de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendencia de Pensiones (Supen), explicó que las inversiones en proyectos amigables con el clima son una gran oportunidad para las instituciones financieras, debido a que tienden a tener un mejor desempeño.
“Sin embargo, el cambio climático conlleva varios riesgos, como el aumento de los incumplimientos de préstamos en áreas afectadas por eventos climáticos extremos. El monitoreo de datos sobre flujos y riesgos climáticos nos ayudará a identificarlos mejor y visualizar la contribución del sector financiero a las metas climáticas nacionales”, afirmó Aguilar durante la presentación del proyecto.
En este sentido, refirió que los reguladores y supervisores financieros – Sugef, Sugeval, Supen y Sugese -, que desempeñan un papel fundamental en la salvaguardia de la estabilidad macroeconómica y financiera del país, hacen grandes esfuerzos para fortalecer la resiliencia del sector financiero costarricense ante el cambio climático.
En el diseño y desarrollo de esta iniciativa se encuentran involucradas diferentes instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), su Iniciativa Financiera (UNEP FI), y la Comisión Europea.
Asimismo, desde el lado del gobierno, participan el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) la Superintendencia General de Seguros (Sugese), y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Según datos de PNUMA, Costa Rica tiene una alta exposición a los riesgos asociados al cambio climático, debido a su ubicación geográfica. Las estimaciones oficiales evidencian que, en las últimas tres décadas, el costo fiscal del efecto directo de desastres hidrometeorológicos extremos varió entre el 0,3% y el 1,7% del PIB por año, principalmente en relación con la reparación y reconstrucción de infraestructuras dañadas
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