Este fondo, cuyo anuncio se realizó en la COP28, podría convertirse en un mecanismo multidonante con la participación de otras partes interesadas en el financiamiento climático que impulsa este país.
FINANZAS ASG06/12/2023 Redacción Reporte ASG
En el marco de la COP28, el Gobierno de Costa Rica anunció la creación de un Fondo de Preparación de Proyectos (FPP) de Asociación Público-Privada (APP) para utilizar recursos de los sectores público y privado con el fin de desarrollar proyectos de infraestructura sostenibles y eficientes en este país centroamericano.
Esta iniciativa, como indica la nota de prensa oficial, se enmarcará en el acuerdo del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), aprobado por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre de 2022, por un monto de USD 725 millones.
“Seguimos apoyando a Costa Rica a través del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad del FMI a medida que el país avanza en su ambiciosa agenda climática. Doy la mayor bienvenida a estas iniciativas coordinadas, trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y otras agencias de desarrollo para apoyar los esfuerzos de Costa Rica para movilizar el financiamiento climático del sector privado. Este tipo de iniciativas ayudan a construir infraestructura resiliente y sostenible y a reforzar el papel de Costa Rica como líder mundial en la agenda climática”, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coordinará la creación del FPP con el Gobierno de Costa Rica, que podría convertirse en un mecanismo multidonante con la participación de otras partes interesadas en el financiamiento climático.
“Es crucial que el país diversifique su cartera de inversiones y vaya más allá de depender únicamente del financiamiento vía deuda. En este sentido, fomentar las asociaciones público-privadas (APP) como catalizadoras sostenibles de proyectos de inversión tiene una inmensa importancia. La colaboración inicial con el FMI, el BID y otras partes interesadas con el FPP desempeñará un papel fundamental para consolidar este enfoque”, comentó, Rodrigo Chaves, Presidente de Costa Rica
El FPP seguirá las mejores prácticas internacionales para la preparación de proyectos sostenibles y aprovechará la experiencia del BID en la implementación de FPP APP en otros países de la región como Brasil, Colombia y Jamaica.
Además, el FPP APP se basará en la actual asistencia técnica del BID al país, donde trabaja en estrecha colaboración con el gobierno (Ministerio de Hacienda y Consejo Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes) para desarrollar y actualizar las directrices de coordinación institucional, los manuales de implementación y mejores prácticas de APP que garanticen el desarrollo sostenible de las APP, y la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos de infraestructura.
El FPP APP proporcionará apoyo financiero, sobre una base de recuperación contingente, que ayudará a crear capacidad y experiencia técnica en Costa Rica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El mecanismo tendrá cuatro áreas de intervención: apoyo inicial (requiere reformas regulatorias e institucionales de APP, así como el desarrollo de capacidades técnicas), identificación y priorización de proyectos sostenibles, estructuración sostenible de proyectos (incluido el posible apoyo para la reducción de riesgos que fortalezcan la financiabilidad de los proyectos) y el apoyo al sector privado.
Para el 2030, el FPP APP tiene el potencial de catalizar hasta USD 1.200 millones en recursos del sector privado para proyectos en sectores de infraestructura pública sostenible, como transporte y energía sostenible, agua y saneamiento e infraestructura social.
Además, el fondo tiene como objetivo optimizar las estrategias de asignación y mitigación de riesgos, e incorporar criterios de sostenibilidad y requisitos de responsabilidad fiscal.
El acuerdo SRS del FMI apoya reformas para integrar los riesgos climáticos en la planificación fiscal, fortalecer la inversión pública y la resiliencia de la infraestructura al cambio climático, reafirmar sus esfuerzos de descarbonización y reforzar la capacidad del sector financiero para evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el clima.
Asimismo, las reformas del SRS incluyen el desarrollo y publicación de directrices para incluir criterios de cambio climático en la evaluación y selección de proyectos; adoptar regulaciones para facilitar la generación de energía por parte del sector privado a partir de energías renovables; e introducir incentivos para propiciar la compra de vehículos de baja contaminación. Este conjunto de reformas apoyará la creación de un entorno propicio para catalizar la financiación climática crítica de otros socios oficiales y privados.
Es importante destacar que Costa Rica está comprometida con la protección del medio ambiente y ha implementado una estrategia integral para lograr sus objetivos, que incluye la potencial emisión de bonos soberanos que sean reconocidos por las credenciales climáticas y sociales generales del país.
Aprovechando sus ambiciosas acciones climáticas, Costa Rica también está desarrollando, junto con el PNUD, una estrategia de bonos temáticos soberanos vinculados a sus ODS y su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), que le permitirá catalizar más financiamiento de inversionistas privados, a través de la emisión de bonos de uso de ingresos o bonos vinculados a la sostenibilidad. C
Estos esfuerzos de colaboración respaldarán el programa de reformas de Costa Rica para institucionalizar los avances significativos que ayuden a promover el crecimiento inclusivo y sostenible, y de esta forma fortalecer el papel de Costa Rica como líder global en la agenda climática logrado en el contexto del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y el SRS.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
En este evento se destacó la promoción de prácticas financieras sostenibles en Bolivia que incorporen elementos ambientales, sociales y de buen gobierno, tanto en el sector empresarial como en el sector público.
Este proceso participativo, que estará abierto hasta el 10 de noviembre, recabará comentarios, sugerencias y recomendaciones sobre la propuesta de Taxonomía Verde, con el fin de fortalecer esta herramienta.
Los bancos multilaterales de desarrollo estimaron en esta conferencia que su financiamiento climático colectivo anual destinado a los países de ingreso bajo y mediano alcanzará los US$120.000 millones para el año 2030.
BID Invest además presentó en el evento su Reporte anual sobre asignación e impacto de bonos sostenibles, donde se revela que ha destinado US$3.700 millones en este tipo de instrumentos para impulsar el impacto verde y social.
Este instrumento financiero, valorado en RD$500 millones, está diseñado para financiar proyectos de impacto social, iniciativas verdes o la combinación de ambas en este país. Este bono tiene un plazo de cinco años.
CAF anunció que 35% de sus operaciones de financiamiento serán verdes al cierre de 2024. Además presentó sus iniciativas de adaptación al cambio climático que reducen riesgos y aumentan la resiliencia.
Este acuerdo impulsa una estrategia conjunta basada en intercambio de información, conocimientos y experiencias. Además se divulgarán buenas prácticas y ejecutar propuestas de financiamiento sostenible.
En una declaración formal se propone que los países ricos contribuyan con esta cifra a las finanzas climáticas de los países en desarrollo. Esto generó descontento en varios países que consideran insuficiente este monto.