La inversión de impacto comienza a ganar terreno en Centroamérica como una herramienta capaz de combinar rentabilidad financiera con soluciones concretas a desafíos sociales y ambientales. Sin embargo, el desarrollo de este mercado todavía enfrenta importantes obstáculos estructurales que limitan su expansión en la región.
Así lo revela el estudio “Hacia un Ecosistema de Inversión de Impacto en Centroamérica: Situación y Recomendaciones para Costa Rica y Guatemala”, elaborado por INCAE Business School, la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana (PiiC) y GSG Impact, con financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).
El documento analiza el estado actual del ecosistema de inversión de impacto en Costa Rica y Guatemala, dos países que, según el informe, representan modelos complementarios dentro de Centroamérica. Mientras Costa Rica destaca por su institucionalidad y avances regulatorios, Guatemala sobresale por su dinamismo emprendedor y capacidad de innovación social.
El estudio concluye que la región todavía enfrenta brechas regulatorias, culturales, institucionales y de capacidades técnicas que frenan el crecimiento de un mercado considerado clave para acelerar el desarrollo sostenible y atraer capital privado hacia sectores históricamente excluidos del financiamiento tradicional.
La investigación destaca que la inversión de impacto ha dejado de ser una tendencia marginal para convertirse en uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del universo de las finanzas sostenibles.
Según el informe, el mercado global de inversión de impacto alcanzó en 2024 un volumen estimado de 1,6 billones de dólares, administrados por más de 3.900 organizaciones en el mundo, con una tasa de crecimiento anual cercana al 21% entre 2019 y 2024. En América Latina, el sector registra un crecimiento aproximado de 15% anual.
A diferencia de la filantropía o de las estrategias ASG tradicionales, la inversión de impacto se caracteriza por combinar tres elementos fundamentales: intención explícita de generar impacto social o ambiental positivo, expectativa de retorno financiero y medición verificable de resultados.
En Centroamérica, el ecosistema aún se encuentra en una etapa temprana, aunque ya existen señales de crecimiento. El estudio cita estimaciones de la PiiC y Dalberg que identifican alrededor de 420 millones de dólares en capital destinado a empresas de impacto en sectores como agricultura sostenible, agua, saneamiento y conservación climática.
Uno de los hallazgos más importantes del estudio es la identificación de las barreras estructurales que limitan el desarrollo de la inversión de impacto en la región.
En Guatemala, por ejemplo, los investigadores detectaron que la falta de marcos regulatorios claros genera incertidumbre jurídica para inversionistas y emprendedores. En Costa Rica, en cambio, el problema está asociado a regulaciones consideradas excesivamente rígidas y formalistas, que dificultan la innovación financiera.
El estudio también advierte sobre la existencia de una importante “brecha de financiamiento intermedio” o “missing middle”, relacionada con la ausencia de vehículos financieros diseñados para empresas que ya superaron etapas tempranas de desarrollo, pero que aún no logran acceder a financiamiento bancario o capital institucional.
A esto se suma un problema cultural que continúa afectando al ecosistema: la percepción de que los proyectos con impacto social o ambiental necesariamente generan menores retornos financieros.
Las entrevistas realizadas para el informe muestran que muchos actores financieros tradicionales todavía asocian la inversión de impacto con filantropía o responsabilidad social empresarial, desconociendo que puede existir rentabilidad junto con impacto medible.
El estudio insiste en que el desarrollo de la inversión de impacto no dependerá únicamente del sector privado. Los investigadores plantean que los gobiernos deben asumir un rol más activo como reguladores, facilitadores y participantes directos dentro del ecosistema.
En ese sentido, el documento propone que los Estados impulsen políticas públicas orientadas a generar confianza, coordinar actores, atraer capital y construir marcos normativos que permitan escalar instrumentos financieros sostenibles.
Entre las recomendaciones figuran la creación de unidades técnicas especializadas dentro de las estructuras gubernamentales, el diseño de estrategias nacionales de inversión de impacto y la implementación de incentivos fiscales dirigidos a empresas y fondos con objetivos sociales y ambientales medibles.
El informe señala además que la experiencia internacional demuestra que los ecosistemas más sólidos son aquellos donde el Estado participa activamente en la construcción de mercado y asume parte de los riesgos iniciales.
Otro de los puntos analizados es la limitada sofisticación de los instrumentos financieros disponibles en Centroamérica.
Entre las herramientas con mayor potencial aparecen los fondos de coinversión público-privada, los esquemas de pago por resultados y los llamados impact wholesalers, concebidos como fondos nacionales orientados a canalizar capital institucional hacia empresas y proyectos de impacto.
El estudio destaca además que Costa Rica posee ventajas importantes gracias a su experiencia en sostenibilidad ambiental y programas como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), considerado uno de los casos más exitosos de financiamiento basado en resultados en América Latina.
Una de las principales conclusiones del documento es que Costa Rica y Guatemala representan trayectorias distintas, pero complementarias, para el desarrollo de la inversión de impacto en la región.
Costa Rica cuenta con fortalezas institucionales, estabilidad democrática y experiencia en sostenibilidad ambiental, aunque enfrenta menor dinamismo emprendedor. Guatemala, por su parte, presenta una mayor capacidad de innovación social y movilización de recursos, aunque con instituciones más frágiles y menos articulación regulatoria.
El informe propone aprovechar estas diferencias para construir una estrategia regional colaborativa, donde Costa Rica funcione como ancla normativa e institucional, mientras Guatemala se consolide como laboratorio de innovación social y emprendimiento de impacto.
Más allá de los aspectos financieros, el estudio plantea que Centroamérica necesita avanzar hacia una transformación estructural que permita integrar el impacto social y ambiental dentro de las decisiones económicas y empresariales.
Los autores consideran que la inversión de impacto debe ser entendida como una estrategia de política pública orientada a redefinir la relación entre gobiernos, empresas y sociedad civil.
Para ello, recomiendan fortalecer la formación técnica de emprendedores, incorporar contenidos de inversión de impacto en universidades y programas públicos, crear plataformas regionales de información y avanzar hacia estándares comunes de medición de impacto.
El documento concluye que Centroamérica posee condiciones favorables para posicionarse como un bloque estratégico dentro de las finanzas sostenibles globales, gracias a su biodiversidad, población joven, cercanía a grandes mercados y experiencia acumulada en cooperación internacional.
No obstante, advierte que el potencial solo podrá materializarse si la región logra superar sus barreras institucionales, construir una narrativa común y consolidar mecanismos efectivos de articulación público-privada.
“El verdadero valor de la inversión de impacto está en alinear incentivos, hacer un uso más eficiente de los recursos y proponer soluciones sostenibles que involucren al capital privado”, concluye el informe.
