El Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín se convirtió en el escenario principal de la jornada de cierre de la Medellín Climate Week 2026, una edición enfocada en poner la biodiversidad en el centro de la acción climática. Bajo la premisa de impulsar la cooperación internacional, la movilización de recursos y la consolidación de alianzas estratégicas, el último día de la agenda reunió a líderes de organismos multilaterales, banca de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y el sector público.
Uno de los espacios con mayor repercusión de esta agenda final fue el panel Capital para territorios de alta biodiversidad: movilizando recursos de cooperación y financiamiento para el desarrollo territorial sostenible. Durante la sesión, los panelistas abordaron los cuellos de botella que históricamente han impedido la llegada fluida de capitales a los ecosistemas estratégicos y analizaron los instrumentos financieros innovadores necesarios para salvar la brecha entre la conservación ambiental y el desarrollo socioeconómico regional.
La conversación contó con la moderación de Alice Beccaro, coordinadora de la Secretaría Técnica del Fondo Multidonantes de las Naciones Unidas. Beccaro articuló el debate destacando cómo la combinación de fuentes de financiamiento desde fondos de donantes e instituciones multilaterales hasta capital privado- exige un marco claro de cooperación y monitoreo.
Durante su intervención, guió la discusión hacia la importancia de articular esquemas novedosos, como los mecanismos de pago por resultados, para garantizar que la asistencia técnica y los fondos de cooperación se traduzcan en impacto territorial medible y sostenible.
Para el capital privado, la conservación no puede sostenerse únicamente sobre premisas filantrópicas. Carlos Arango, director de Resiliencia Económica de Rare Conservation, fue enfático al destacar que los fondos de inversión privados no ingresarán a los territorios de alta biodiversidad si no existe una perspectiva clara de retorno financiero y una mitigación real del riesgo.
Arango resaltó que el puente indispensable entre la ciencia ambiental y los mercados de capitales es el registro riguroso de datos científicos. Medir y verificar los impactos ecológicos mediante métricas estandarizadas es la única vía para certificar la factibilidad técnica y económica de las inversiones verdes, transformando los activos naturales en alternativas atractivas y rentables para el sector privado, enfatizó Arango.
La estructuración de proyectos en mercados de alta biodiversidad suele enfrentarse a una elevada percepción de riesgo y a la falta de capacidades técnicas en las fases iniciales. Lucía Pérez, gerente de Instiglio, enfatizó la importancia de identificar y remover los obstáculos en la cadena de valor de los proyectos, desde la adaptación tecnológica hasta los canales de distribución y mantenimiento local.
Asimismo, resaltó el papel transformador de los mecanismos de pago por resultados, instrumentos que permiten condicionar los desembolsos financieros al cumplimiento de metas de impacto verificables. Para Pérez, comprender con exactitud los costos reales y la dinámica de mercado es clave para que los proveedores de tecnología e inversionistas encuentren esquemas donde el riesgo esté adecuadamente distribuido.
Desde la perspectiva de la banca de desarrollo, María Fernanda Manrique, líder de Desarrollo Sostenible en Bancóldex, destacó que uno de los mayores desafíos para proteger las regiones de alta riqueza ecológica consiste en conectar la gran oferta de fondos climáticos internacionales con las micro, pequeñas y medianas empresas que operan directamente en el territorio.
Manrique enfatizó que la atracción de recursos y la gestión de alianzas estratégicas deben traducirse en instrumentos financieros accesibles -como líneas de crédito verde y garantizadas-, que impulsen proyectos de bioeconomía y reconversión productiva. De esta forma, se busca fortalecer la economía local y generar desarrollo territorial sostenible sin comprometer el capital natural de las comunidades.
La sostenibilidad de las inversiones en el territorio requiere un marco de gobernanza sólido e incentivos bien alineados. German Romero Otálora CEO y fundador de Diorama, abordó la necesidad de entender tanto las motivaciones de los inversionistas privados como la lógica de las decisiones públicas, advirtiendo sobre la frecuente desconexión entre los ejercicios de planeación gubernamental y la ejecución de los proyectos productivos.
Romero subrayó que la evaluación de inversiones públicas exige claridad en las responsabilidades y objetivos ambientales de largo plazo que permanezcan estables a pesar de los cambios de administración y que trasciendan los ciclos políticos. Señaló como un error recurrente en la gestión pública el diseño de planes enfocados únicamente en la fase inicial de necesidades e implementación, olvidando garantizar el financiamiento para el mantenimiento continuo de la infraestructura y las soluciones basadas en la naturaleza a lo largo del tiempo.
El cierre de Climate Week Medellín dejó claro que la protección de los territorios biodiversos de América Latina no es un problema de falta de causa, sino de articulación y estructuración financiera. La integración de métricas científicas, esquemas de pago vinculados al impacto y una planificación pública de largo plazo se consolidan como la ruta fundamental para que el capital de impacto fluya hacia las regiones que más lo necesitan.
